Administración local

Si el Derecho civil es el Derecho privado común, ya que regula las relaciones entre todos los particulares (familiares, matrimoniales, reales, etc.), el Derecho mercantil es el Derecho privado especial, pues tan sólo regula las relaciones entre ciertos particulares: los empresarios; siguiendo, como sistema de prelación de fuentes, con respeto siempre a la Constitución española como norma suprema: 1o) la legislación mercantil (Código de Comercio (1885); leyes especiales; y normativa comunitaria); 2o) los «usos de comercio»; y 3a) el Derecho común (Código Civil). Puesto que su fin es ...

En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 –incluso defendiendo su influencia, no obstante el título III sigue a la Constitución de 1876–. En materia de protección de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitución portuguesa de 25 de abril de 1976. No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en...

La aparición, dentro de la escena criminal, del terrorismo inspirado en una vertiente violenta del salafismo, conocido habitualmente como «terrorismo yihadista», ha supuesto un importante reto para las diferentes instancias estatales con competencias en materia de seguridad. La acción de captación de nuevos integrantes, desarrollada por las redes delincuenciales vinculadas al terrorismo yihadista, en el interior de las prisiones ha provocado que la cárcel se manifieste, no ya como un medio de inocuizar y/o reinsertar al delincuente juzgado y condenado, sino también como un instrumento...

En los últimos años se ha incrementado notablemente el número de conflictos ambientales en el país, tanto que Colombia ha llegado a ser considerado como uno de los países con más conflictos ambientales de Latinoamérica, aspecto que demuestra los profundos desacuerdos entre los actores de la gestión ambiental (instituciones estatales, pueblos y comunidades, gremios económicos, etc.) sobre cómo usar, acceder, intercambiar o comercializar bienes ambientales y naturales.