Administración pública y menores de edad

Sinopsis del Libro

En 2015 se llevó a cabo una profunda modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia vigente en nuestro país desde 1996, tras la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. No debe sorprender que, entre los elementos que pusieron de manifiesto los importantes cambios sociales que se habían producido en la situación de los menores en los casi veinte años transcurridos, y que demandaban una mejora de sus instrumentos de protección jurídica, se mencionen dos importantes informes monográficos del Defensor del Pueblo. Dejando al margen la actividad del Comité de los Derechos de Niño en el control de la observancia de la Convención de Naciones Unidas firmada en 1989, son dos las instituciones que se ocupan de garantizar a los menores una protección adecuada y uniforme en todo el territorio del Estado: el Ministerio Fiscal y los defensores del pueblo. En su actividad de supervisión, los ombudsman cuentan con una formidable herramienta para asegurar que las administraciones públicas cumplen el mandato del artículo 39 de la Constitución en la protección de los menores de edad. El objeto de este trabajo es analizar las fortalezas y debilidades de nuestro sistema de protección a la luz de los informes de los defensores del pueblo en España, que no solo dan cuenta de su actividad a los diferentes órganos legislativos que los comisionan, sino que hacen partícipe a toda la sociedad de la calidad del compromiso de velar por los derechos de los niños que viven situaciones de riesgo o desamparo. Beatriz González Moreno es Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y Doctora en Derecho, con Premio Extraordinario de Doctorado, por la Universidad de Vigo. Es Profesora Titular en el Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo, en la que también ocupó cargos de gestión. En la actualidad, es Coordinadora General del Valedor do Pobo de Galicia, tras haberse incorporado en 2010 a la oficina del defensor del pueblo autonómico como responsable de las áreas de educación, menores, cultura y derechos lingüísticos. Tiene numerosas publicaciones en temas de su especialidad (cuestiones relacionadas con derechos fundamentales y, en particular, sobre derechos de contenido social y cultural en las constituciones democráticas modernas), y se ha ocupado también de cuestiones jurídicas relativas a menores. Ha realizado estancias de investigación en universidades extranjeras y participado en varios proyectos de investigación. Ponente en numerosos congresos, simposios y seminarios, forma parte de asociaciones académicas y de consejos editoriales de revistas científicas y es miembro de la Cátedra UNESCO «Ciudadanía democrática y libertad cultural».