Cómo vivir de la música - Industrias creativas - Publicación 4

La ineficacia en la implementación de una política criminal puede incidir en el surgimiento de fenómenos delictivos de alto impacto social, como la tortura y la desaparición forzada de personas. Por lo anterior, es fundamental establecer directrices que consideren el Derecho internacional como base teórica imprescindible para la creación de esquemas eficientes. Este es el planteamiento de la presente obra, la cual propone la sistematización de instrumentos jurídicos internacionales que repercutan de la mejor manera en las políticas criminales del Estado mexicano. Este libro está...

El Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado es un cuerpo generalista clasificado en el subgrupo A1, por lo que para poder presentarse a las pruebas selectivas de acceso al mismo se exige estar en posesión del título universitario de Grado, Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura. Su creación se produce con motivo de la fusión de los Cuerpos Técnicos de los diversos Ministerios durante la década de los sesenta, denominándose inicialmente como Cuerpo Técnico de la Administración Civil (TAC), adquiriendo su actual denominación a partir de la Ley 30/1984 de Reforma de la...

Las garantías del proceso civil no se pueden cambiar ni dejar de aplicar, a diferencia de los principios procesales que, por la influencia de los cambios jurisprudenciales, fueron teniendo deformaciones que se justificaron con distintas razones. Actualmente, los principios podrían entenderse como garantías que no se modifican (v.gr.: independencia e imparcialidad) o interpretarse en el campo de las reglas, siendo así más flexibles (v.gr.: congruencia), si con ello se tienen resultados más justos y equitativos. La tesis del libro plantea que los principios procesales están en retroceso...

El artículo 38 de la Constitución Española reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, y exhorta a los poderes públicos a proteger su ejercicio, lo que ha de hacerse siempre dentro de los límites de la sana y justa competencia. Encontramos así una necesidad de tutela frente a los ataques más graves contra intereses relacionados con la libertad de competencia y la justa productividad de las empresas dentro de un sistema como el nuestro, de libre mercado. El Derecho penal debe proteger, pues, intereses concernientes a dichas empresas como primeros sujetos que...