Cooperación al desarrollo: la agenda 2030 de Naciones Unidad y derecho de la unión europea, español y autonómico

El fraude de inversores del artículo 282 bis CP, es un delito introducido por la L.O 5/2010, y que en los últimos años ha tenido un impacto mediático, social y jurídico de primera magnitud como lo ponen de relieve el “Caso Bankia”, el “Caso Gowex” y más recientemente el “Caso Banco Popular”. Esta monografía profundiza en los elementos típicos del delito realizando un estudio muy completo de la doctrina penalista y del mismo modo y al ser un delito penal en blanco de la Ley del Mercado de Valores en su adaptación al texto refundido actual de RD de 4/2015 del 23 de octubre. ...

El artículo 38 de la Constitución Española reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, y exhorta a los poderes públicos a proteger su ejercicio, lo que ha de hacerse siempre dentro de los límites de la sana y justa competencia. Encontramos así una necesidad de tutela frente a los ataques más graves contra intereses relacionados con la libertad de competencia y la justa productividad de las empresas dentro de un sistema como el nuestro, de libre mercado. El Derecho penal debe proteger, pues, intereses concernientes a dichas empresas como primeros sujetos que...

Este libro estudia la responsabilidad patrimonial de la Administración, principalmente la extracontractual, pero también se refiere a la contractual. Se aportan sobre todo sentencias relacionadas con las distintas regulaciones, en especial de la LRJSP 40/2015 y LPAC 39/2015. Pero, con ánimo integrador, se completa la obra con estudios sobre la responsabilidad patrimonial y el proceso contencioso-administrativo, así como sobre el Derecho comunitario europeo. Finalmente, se exponen las particularidades de la responsabilidad patrimonial en distintos ámbitos de actuación de la...

La integración laboral está considerada el primer paso para una integración social satisfactoria. El Reglamento de la Ley de Extranjería (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre) fija los mecanismos y requisitos para que los extranjeros puedan residir y trabajar en España legalmente. De hecho, esta normativa abrió un proceso de regularización especial de tres meses (entre el 7 de febrero y el 7 de mayo de 2005), destinado a los trabajadores irregulares que estaban en el país, tenían un contrato por un periodo mínimo de seis meses, llevaban al menos medio año viviendo en España...