Desafíos, necesidades y oportunidades para el mundo rural. La llamada a la aplicación de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en el ámbito rural.

Han transcurrido diez años desde la publicación de la segunda edición de estos Comentarios a nuestra Ley de Propiedad Intelectual. Aquella edición estuvo marcada por la entonces reciente aprobación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Esta tercera edición coincide en el tiempo con tres recientes modificaciones de la Ley, de muy diversa envergadura: las derivadas respectivamente de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial; de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el...

El turismo colaborativo es, sin duda, el más relevante y habitual exponente de la llamada economía colaborativa. La afectación de este novedoso sistema de ofertas y demandas en el sector turístico sobre las empresas y los establecimientos turísticos tradicionales ha sido notable, afectando a la libre competencia. Su incidencia en el marco regulador de los derechos esenciales de los usuarios turísticos tampoco ha sido menor, especialmente con la intervención de las intermediadoras plataformas digitales colaborativas. El ordenamiento civil, mercantil y administrativo, especialmente sea...

"Los crímenes de Perejil" del Dr. Bernat-N. Tiffon es una obra de relatos criminológicos basados en hechos reales. Experiencias profesionales vividas en los Tribunales de Justicia por el autor, que nos ofrece de forma magistral hasta 15 casos, en un lenguaje asequible, entretenido y hasta jocoso, apto para todos los públicos. Todos los casos son completamente auténticos. Se hacen constar los “hechos probados” y la resolución judicial, según redactado de las respectivas sentencias. Algunos de los casos son meras descripciones de los hechos y otros se encuentran casi novelados pero...

Revisión iuspublicista de la previsión que, en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, permitía a los gobernadores civiles autorizar derribos de edificios arrendados, excepcionando la prórroga forzosa de aquellos contratos. Aunque formalmente derogada, resulta de gran actualidad por su aplicación a los arrendamientos concertados bajo su régimen y que afectan a viejos inmuebles que, con la expansión urbanística, han ido quedando muy bien situados y adquirido gran valor económico.