La inspección ambiental en el ámbito autonómico. Estado de la cuestión

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, representa la respuesta de la sociedad y el legislador al tratamiento diferenciado de la delincuencia cometida por los menores y jóvenes en edades entre los 14 y 21 años, partiendo del principio del superior interés del menor, las garantías de nuestro ordenamiento constitucional y las normas de Derecho internacional, especialmente la Convención de los Derechos del Niño. La regulación expresa de la responsabilidad penal de los menores en una ley independiente del Código Penal se asienta en...

Bajo el título de Prestaciones Familiares, la presente obra aborda el análisis jurídico de las prestaciones familiares de la Seguridad Social española cuya regulación básica se contiene, principalmente, en el Capítulo IX del Título II del RDLeg. 1/1994, de 20 de junio (art. 180 y siguientes), en el RD 1335/2005, de 11 de noviembre, así como en la Ley 35/2007, de 15 de noviembre. Así centrado el objeto de estudio, el trabajo que ahora se presenta se estructura en tres partes bien diferenciadas. La primera parte, de carácter más general, se dedica, por un lado, a ofrecer una...

En esta obra se trata de analizar —con apoyo en la doctrina y, especialmente, en la jurisprudencia del TS de los últimos diez años— una figura tan presente en todo el ámbito contractual como lo es la cláusula penal. Se dedica especial atención a la moderabilidad de la pena ex art. 1.154 Cc, incluyendo los contratos de deportistas con entidades deportivas. También se examinan los posibles tipos de cláusula penal incluyendo la de desistimiento, que habitualmente no ha merecido la atención de la doctrina. La cláusula penal moratoria, probablemente la más empleada en nuestros días, ...

Hemos escrito esta pequeña obra pensando en los contratistas del Estado, tan vilipendiados por culpa de unos cuantos corruptos. Los contratistas del Estado son sus colaboradores preciosos y necesarios. Sin ellos el Estado no podría alcanzar sus fines constitucionales. El presupuesto de inversión solo puede ejecutarse a través de contratos estatales. Por eso debe tratárseles como dice la ley: “los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales, que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, ...