La sociología del control penal en España y Latinoamérica.

El derecho al secreto de las comunicaciones, derecho fundamental recogido en el art. 18.3 CE, se ha convertido en uno de los derechos más importantes en la actual sociedad de la información. En efecto, en él convergen el interés público de enterarse de lo que pueda ser útil para la seguridad colectiva y el interés ciudadano para vivir y expresar su privacidad. Esa encrucijada, puesta de manifiesto recientemente en la aparición de técnicas de intervención telefónica como SITEL, la escucha a letrados que se comunican con sus defendidos o la reciente anulación por el TC alemán de la ...

Las hipotecas multidivisa comenzaron a comercializarse en España sobre todo durante los años 2007 y 2008 con la promesa de un interés mucho más bajo; el contexto económico existente durante dicho periodo, hizo que fueran especialmente atractivas por los elevadísimos niveles del Euribor y por la fuerte apreciación del euro respecto a otras divisas como el yen japonés o el franco suizo.Para poder colocar estos productos, se mencionaban las ventajas de reducir el tipo de interés, pero nada se apuntaba sobre el riesgo de apostar contra la devaluación del euro cuando la crisis ya era una ...

El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprobó la Ley de Sociedades de Capital, cumplió con la habilitación realizada en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, para que el Gobierno refundiera las diversas leyes reguladoras de esa categoría de sociedades, superando así la tradicional regulación separada de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada y sistematizando de manera diferente la regulación de las sociedades de capital, incluyendo las sociedades anónimas cotizadas. Es, por ello, una...

El artículo 38 de la Constitución Española reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, y exhorta a los poderes públicos a proteger su ejercicio, lo que ha de hacerse siempre dentro de los límites de la sana y justa competencia. Encontramos así una necesidad de tutela frente a los ataques más graves contra intereses relacionados con la libertad de competencia y la justa productividad de las empresas dentro de un sistema como el nuestro, de libre mercado. El Derecho penal debe proteger, pues, intereses concernientes a dichas empresas como primeros sujetos que...