Los soportes del debate público

El principio de proporcionalidad se ha convertido en Colombia, sobre todo a partir del tránsito constitucional de 1991, con el inexorable proceso de constitucionalización tanto del ordenamiento como del razonamiento jurídico que el nuevo marco constitucional trajo consigo, en frecuente y valiosa herramienta de construcción y de justificación de sus decisiones, cada vez más abocadas a la imperiosa necesidad de resolver colisiones entre principios, tanto para la Administración pública como para la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Así las cosas, este libro explica el...

Hablar de los horizontes del contencioso administrativo implica tomar distancia q ajustar la visión. Se trata de superar el estudio tradicionalmente limitado a los asuntos de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para, en su lugar, dibujar un panorama más realista g, sobre todo, más completo. El tomo primero de esta obra se dedica al estudio del contencioso administrativo no jurisdiccional, con una doble perspectiva: tanto el estudio de las funciones administrativas de resolución de litigios como de los mecanismos alternativos, en especial la conciliación y la...

Durante las últimas décadas el derecho público ha entrado en un importante proceso de cambio. Sin lugar a duda, la globalización, la internacionalización de las relaciones de los Estados y la humanización del derecho internacional han jugado roles importantes en ello; sin embargo, con el paso de los años aumentan los factores que lo impulsan a continuar transformándose y renovándose. A modo de ejemplo basta con ver cómo gana mayor relevancia comprender el derecho administrativo, no solo como una rama del derecho público, sino como un elemento que integra a este último a la vez que ...

LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES TITULO PRIMERO DE LA NATURALEZA, OBJETO Y FACULTADES CAPITULO I DE LA NATURALEZA Y OBJETO Artículo 1.- Se crea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de esta Ley.