Planes de autoprotección y de emergencias

El fraude de inversores del artículo 282 bis CP, es un delito introducido por la L.O 5/2010, y que en los últimos años ha tenido un impacto mediático, social y jurídico de primera magnitud como lo ponen de relieve el “Caso Bankia”, el “Caso Gowex” y más recientemente el “Caso Banco Popular”. Esta monografía profundiza en los elementos típicos del delito realizando un estudio muy completo de la doctrina penalista y del mismo modo y al ser un delito penal en blanco de la Ley del Mercado de Valores en su adaptación al texto refundido actual de RD de 4/2015 del 23 de octubre. ...

Esta obra presenta una síntesis de la evolución histórica del principio de la buena fe y confronta los deberes éticos ínsitos en el ámbito de la adquisición de vivienda por licitación pública o remate en Colombia. Se plantea la tesis de que los terceros adquirentes en procesos judiciales han actuado de buena fe con la confianza que les inspira la adjudicación efectuada por un funcionario del Estado. Por ello, mal pueden sufrir consecuencias a posteriori, que dan al traste con el legítimo derecho de propiedad de este tercero, perjudicado frente a la garantía constitucional otorgada ...

Representa esta obra un punto de inflexión por cuanto hasta el momento no se ha realizado en España un libro dedicado exclusivamente a la lucha judicial frente al cambio climático a pesar del importante impacto que sobre los derechos humanos supone. Diferentes voces y matices pulsan aquí reflexiones sobre la época en la que vivimos de transformación radical de nuestros marcos de referencia, donde uno de los ámbitos de reflexión y de acción compartida obligada en la comunidad internacional se centra en la emergencia climática. ¿Cómo debemos actuar desde la dimensión de la...

En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 –incluso defendiendo su influencia, no obstante el título III sigue a la Constitución de 1876–. En materia de protección de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitución portuguesa de 25 de abril de 1976. No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en...