Transparencia estatal y datos personales

Para la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) la propiedad intelectual engloba tanto los derechos de propiedad industrial (marcas, patentes, diseño industrial, denominaciones de origen) como los derechos de propiedad intelectual (derechos de autor y derechos conexos). Este libro comprende la redacción tomada de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. En él se estipulan el conjunto de derechos de autor, personales (morales) y...

La corrupción administrativa se ha convertido en un factor desestabilizador de la consolidación del Estado Social de Derecho concebido a partir de la Constitución de 1991, por cuanto desacredita las instituciones estatales y genera desconfianza en las mismas por parte de los ciudadanos, sin desconocer el alto impacto que tiene sobre el conflicto armado que actualmente vive Colombia, pues sirve de excusa para que el legítimo derecho a protestar sobre como se maneja la cosa pública incluya la rebelión con las armas de los grupos que hoy están en contra del Estado de Derecho. Si bien es...

En las últimas décadas la obra de Luigi Ferrajoli se ha convertido en un punto de referencia obligado para los estudiosos de la teoría del derecho y los teóricos de la política. Sus trabajos sobre el derecho penal, los derechos fundamentales, la paz y la democracia han sido y siguen siendo objeto de discusiones, debates y polémicas, pero también de adhesiones. La presente obra, que reúne las voces de los más destacados conocedores europeos y latinoamericanos del pensamiento jurídico de Ferrajoli, ofrece al lector de lengua castellana una colección inédita de incursiones en los...

En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 –incluso defendiendo su influencia, no obstante el título III sigue a la Constitución de 1876–. En materia de protección de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitución portuguesa de 25 de abril de 1976. No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en...