Desafíos regulatorios de la movilidad sostenible y su digitalización

En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 –incluso defendiendo su influencia, no obstante el título III sigue a la Constitución de 1876–. En materia de protección de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitución portuguesa de 25 de abril de 1976. No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en...

La publicación de la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados constituye un hito relevante en las políticas de defensa ambiental. Se trata, fundamentalmente, con el nuevo texto de actualizar el marco preexistente y establecer nuevas exigencias en el tratamiento de los residuos. En este mismo contexto, se trata de cumplir con las exigencias del Derecho comunitario que obligan a España a actualizar su marco. La nueva regulación se produce unos meses después de que el Parlamento hubiera aprobado la Ley 7/2021, de 20 de mayo de cambio climático y transición energética....

Aporte significativo que se destaca aquí, se refiere a los denominados "estatutos excepcionales" propios de los establecimientos de crédito y demás sociedades sometidas a la vigilancia de la actual Superintendencia Financiera, tema que fue él quien puso de relieve por primera vez en nuestro medio, y cuya importancia conceptual y práctica es evidente para cualquiera que tenga que trasegar con el funcionamiento de esa clase de empresarios. Haber reparado en esa especificidad muestra, otra vez, la importancia de la obra del profesor MADRIÑÁN; por eso, sin perjuicio de entretenerse con las ...

La sociedad es cada vez más consciente de las diferencias entre las personas y de la necesidad de amparar a quienes se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad. Dicha necesidad se acrecienta cuando dichos colectivos vulnerables se ven inmersos en un proceso penal en el que puede llegar a estar en juego el derecho fundamental a la libertad, configurado en nuestro ordenamiento jurídico como un valor superior, esencial para el desarrollo de la vida de las personas. Desde el propio acto de la detención, la identificación y toma de declaración de los investigados; el ingreso en ...