El contrato estatal

La normativa que regula la subcontratación en el sector de la construcción -fundamentalmente, la Ley 32/2006 y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1109/2007- es una de las grandes novedades legislativas de estos últimos tiempos y, como suele suceder en estos casos, ha dado lugar a un sinnúmero de dudas a la hora de afrontarla y ponerla en práctica como, por ejemplo, al tratar la determinación de unos porcentajes mínimos de plantilla con relación laboral indefinida, la implantación de un nuevo libro de subcontratación, el establecimiento de un registro de empresas...

Este libro es una clara excepci¢n en la doctrina espa¤ola por su clara opci¢n a favor de los programas de tratamiento. No es un secreto que la posibilidad de introducir el tratamiento en el cat logo de penas se enfrenta a numerosas voces discrepantes. En este sentido es dif¡cil de olvidar las convincentes cr¡ticas originarias a los programas de tratamiento por ser demasiado intromisivos y pretender cambiar la personalidad del delincuente. Y sin embargo, no haber nada malo, al contrario, en pretender eliminar los valores machistas del agresor. Entender los motivos de este viraje pol¡tico ...

La presente obra realiza un análisis, artículo por artículo, de la Ley de Amparo (LA), incorporando los criterios relevantes y jurisprudencias que el poder judicial de la federación ha sustentado, para enriquecer el comentario que se vierte sobre los temas examinados. El examen a la LA, se realiza a partir de de la reforma constitucional a los artículos 94, 103, 104 y 107, CPEUM, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 6 de junio de 2011. Con el fin de hacer integral el estudio de la LA, vinculamos diversas disposiciones que inciden en ésta, desde la Ley Orgánica del ...

Esta obra presenta una síntesis de la evolución histórica del principio de la buena fe y confronta los deberes éticos ínsitos en el ámbito de la adquisición de vivienda por licitación pública o remate en Colombia. Se plantea la tesis de que los terceros adquirentes en procesos judiciales han actuado de buena fe con la confianza que les inspira la adjudicación efectuada por un funcionario del Estado. Por ello, mal pueden sufrir consecuencias a posteriori, que dan al traste con el legítimo derecho de propiedad de este tercero, perjudicado frente a la garantía constitucional otorgada ...