El libro de las Leyes del siglo XVIII [Tomo tercero, Libros VI, VII, VIII y IX (1767-1776])

La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de modificación del Código civil, de la Ley de Enjuiciamiento civil y de la Normativa Tributaria, tipifica por primera vez a nivel estatal el denominado contrato de alimentos cuya regulación se incorpora en los artículos 1791 a 1797 del Código civil. Se trata de un contrato que cumple una función social innegable puesto que permite a cualquier persona asegurar el mantenimiento de su tren de vida y hacer frente a las necesidades de la edad o la enfermedad. Por ello, es especialmente útil en ...

El libro toca «todos los palos» de la vida local. Por otra parte, la vocación tradicional de El Consultor y la condición de profesionales de la Administración Local de muchos de los homenajeantes dota a sus contenidos de directa utilidad práctica, complementaria de la altura científica de las aportaciones de otros participantes, lo que conforma un conjunto muy completo y de alta calidad.

El presente estudio propone una comprensión crítica y alternativa de un fenómeno peculiar: la jurisprudencia constitucional que se establece a sí misma como fuente obligatoria del derecho en el caso colombiano. Con la intención de disputar el entendimiento normal provisto por el tradicionalismo jurídico, el autor propone rehabilitar la ideología-jurídica para detectar las operaciones ocultas en el discurso de las fuentes del derecho de la Corte Constitucional. Esta propuesta se encamina a detectar las operaciones ideológico-jurídicas recubiertas por el discurso de la Corte...

En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 –incluso defendiendo su influencia, no obstante el título III sigue a la Constitución de 1876–. En materia de protección de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitución portuguesa de 25 de abril de 1976. No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en...