El razonamiento jurídico consecuencialista

¿Sabe usted impugnar una junta que le perjudica? ¿Sabe usted que las obras consumadas pueden equipararse a un acuerdo unánime comunitario? ¿Qué plazo hay para plantear el juicio de equidad? ¿Cómo computar el plazo de tres meses para impugnar los acuerdos? Esta obra le ofrece un completo abanico de respuestas a las dudas que suscita la práctica cotidiana, ofreciendo una panorámica que abarca la realidad viva de las comunidades de vecinos. A través de más de 400 respuestas, este libro compendia una selección de las más interesantes cuestiones.Las consultas aparecen ordenadas...

En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 –incluso defendiendo su influencia, no obstante el título III sigue a la Constitución de 1876–. En materia de protección de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitución portuguesa de 25 de abril de 1976. No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en...

La responsabilidad penal de los menores constituye una de las cuestiones más actuales y polémicas en la sociedad actual. La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, inspirada en los principios contenidos en los documentos dictados por diversos organismos internacionales (singularmente la ONU y el Consejo de Europa) sobre la materia, pretendió dar una respuesta al fenómeno de la delincuencia de menores y jóvenes; si bien, estos principios han quedado un tanto diluidos con las sucesivas reformas operadas en la misma, siendo la última la...

LEY DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES TITULO PRIMERO DE LA NATURALEZA, OBJETO Y FACULTADES CAPITULO I DE LA NATURALEZA Y OBJETO Artículo 1.- Se crea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de esta Ley.