Evolución de la definición y naturaleza de la autonomía universitaria en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia

Desde la creación del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE en 1960, los países de América Latina y el Caribe han recibido un desembolso neto de ayuda oficial al desarrollo (AOD) equivalente al 0,48% del PIB regional. Obviamente, de esta limitada cantidad de ayuda es difícil esperar un impacto formidable, pero invertida de manera estratégica puede constituir un apoyo relevante para las políticas de desarrollo de estos países. Además, la participación latinoamericana en el sistema de ayuda ha sufrido una reducción notable a lo largo del tiempo, no tanto por el progreso económico ...

La 4e de couverture indique : "El divorcio o la separación originan la adopción de una serie de medidas, judiciales o convencionales. Entre ellas, la que debe situar el pago del préstamo hipotecario derivado de la compra de la vivienda familiar a cargo de uno o de ambos cónyuges, extremo éste sobre el que el Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor del pago por mitad, confirmando una de las posiciones que ya era defendida por las Audiencias Provinciales, frente a otra partidaria del pago por uno solo de los esposos o de un reparto desigual. También ha de decidirse sobre el uso de la...

El derecho de sobreedificación y subedificación llegó a nuestro Reglamento Hipotecario en 1959 presentándose como un instrumento que facilitaba la construcción de viviendas. Con él, se ofrecía un nuevo cauce jurídico que posibilitaba un mayor aprovechamiento del suelo mediante la utilización de los volúmenes edificables existentes sobre o bajo los inmuebles urbanos, en la medida en que el planteamiento urbanístico lo permitiera y, siempre que, en el caso de la sobreelevación, no existiera una servidumbre que la impidiera como la denominada altius non tollendi. Su desenvolvimiento...

Revisión iuspublicista de la previsión que, en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, permitía a los gobernadores civiles autorizar derribos de edificios arrendados, excepcionando la prórroga forzosa de aquellos contratos. Aunque formalmente derogada, resulta de gran actualidad por su aplicación a los arrendamientos concertados bajo su régimen y que afectan a viejos inmuebles que, con la expansión urbanística, han ido quedando muy bien situados y adquirido gran valor económico.