Servicios de Interés general y protección de los usuarios.Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Vivienda, Energía, Transportes y Comunicaciones Electrónicas

En este trabajo se concluye que el equilibrio económico del contrato puede verse por causas diferentes a las tradicionalmente tratadas por la doctrina y la jurisprudencia, como son el hecho del príncipe, la teoría de la imprevisión, el la sujeción a situaciones de orden material y hasta en caso de incumplimiento invocando el numeral 1 del artículo 5.o de la Ley 80 de 1993 (sents. del 14 de abril de 2005, exped. 28616, ydel 2 de febrero de 2004, exped. 14043). Si a esta conclusión se llega en la configuración de una nueva causal de rompimiento de la educación financiera, es porque se...

Financial education is a basic condition for making sound and informed financial decisions. This Financial Guide offers a wide array of topics in order to be useful to anyone making that kind of decisions. Some of the contents included in this guide are the following: family budget management; basics of financial-decision making; financial decision-making by entrepreneurs, businesspersons and professionals; the psychology of financial decisions; the interpretation of economic-financial information; the quantification of the economic-financial information; the role and functions of the...

Hemos escrito esta pequeña obra pensando en los contratistas del Estado, tan vilipendiados por culpa de unos cuantos corruptos. Los contratistas del Estado son sus colaboradores preciosos y necesarios. Sin ellos el Estado no podría alcanzar sus fines constitucionales. El presupuesto de inversión solo puede ejecutarse a través de contratos estatales. Por eso debe tratárseles como dice la ley: “los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales, que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, ...

En la historia constitucional española no existen antecedentes de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Se suele relacionar la Constitución de 1978, en cuanto a las características constitucionales que presenta con las de 1812, 1869 y 1931 –incluso defendiendo su influencia, no obstante el título III sigue a la Constitución de 1876–. En materia de protección de los consumidores y usuarios, los antecedentes nos los encontramos en la Constitución portuguesa de 25 de abril de 1976. No se ha constitucionalizado precepto alguno en defensa de los consumidores en...