La Constitución española de 1978

Las garantías del proceso civil no se pueden cambiar ni dejar de aplicar, a diferencia de los principios procesales que, por la influencia de los cambios jurisprudenciales, fueron teniendo deformaciones que se justificaron con distintas razones. Actualmente, los principios podrían entenderse como garantías que no se modifican (v.gr.: independencia e imparcialidad) o interpretarse en el campo de las reglas, siendo así más flexibles (v.gr.: congruencia), si con ello se tienen resultados más justos y equitativos. La tesis del libro plantea que los principios procesales están en retroceso...

Cada año el Tribunal de Estrasburgo (TEDH) condena a España por distintas violaciones de Derechos Humanos. En base a dichas sentencias, la justicia española en sus resoluciones y el legislador al promulgar modificaciones legislativas, van implementando los dictados del TEDH. Es así como se va fortaleciendo en España la protección de los Derechos Humanos. Y a pesar de que el TEDH nació en 1959, y España se somete a él desde el año 1979, no existía hasta ahora una obra como la que le presentamos. Concebida como una herramienta para que cualquier abogado pueda conseguir a través del...

"En el mundo contemporáneo la masiva participación de las entidades y compañías en los tráficos económicos y jurídico lleva a no pocos sistemas a cuestionar el tradicional principio Societas delinquere non potest. Esto genera la necesidad de articulación y/o adaptación de las correspondientes categorías conceptuales que aseguren el respeto, también para las personas jurídicas, de las garantías procesales y sustantivas que han de regir la exigencia de responsabilidad penal. La acomodación de las categorías tradicionales del delito a esta nueva realidad no constituye el único...

En los últimos años se ha incrementado notablemente el número de conflictos ambientales en el país, tanto que Colombia ha llegado a ser considerado como uno de los países con más conflictos ambientales de Latinoamérica, aspecto que demuestra los profundos desacuerdos entre los actores de la gestión ambiental (instituciones estatales, pueblos y comunidades, gremios económicos, etc.) sobre cómo usar, acceder, intercambiar o comercializar bienes ambientales y naturales.